Fraude eléctrico en la comunidad de Madrid

Fraude eléctrico en la comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid desmantela un fraude eléctrico de 180 millones de euros en una urbanización del municipio de Nuevo Baztán tras una inspección iniciada por una denuncia de la empresa eléctrica Unión Fenosa

Una vez que en las anteriores entradas hemos teorizado acerca de los conceptos de estafa y fraude es hora de 'meternos en harina' y observar casos de la realidad cotidiana en los que aparecen estos fenómenos. 

En este caso hemos empleado un caso de fraude acaecido en la comunidad de Madrid y que tiene que ver con una manipulación de los contadores eléctricos en una urbanización cuyo coste asciende a nada más y nada menos que 180 millones de euros.

En el caso que nos ocupa, el descubrimiento del fraude viene dado por una denuncia de Unión Fenosa, que alertada por el excesivo descenso del consumo en la urbanización donde ha sido descubierta la infracción (42% frente al 14% de descenso medio en toda la comunidad de Madrid), realizó una denuncia, que condujo a las autoridades públicas regionales  a la realización de una inspección.

De la misma se ha desprendido que en dicha urbanización que el fraude alcanza los 600 kolivatios al año. La gravedad del asunto estriba no sólo en realización del hecho fraudulento en tanto en cuanto perjudica a la compañía eléctrica, sino por las consecuencias que acarrea para el resto de usuarios que no han incurrido en la citada irregularidad y que en palabras del El Consejero de Economía y Hacienda, Enrique Ossorio "tendrán que pagar la cantidad defraudada a través del déficit tarifario".

Según lo que recoge de la inspección, el fraude vendría dado por la manipulación y el 'puenteo' de contadores eléctricos y afectaría al 100 % de los puntos investigados por la Comunidad de Madrid.

Las consecuencias para los defraudadores vendrán de parte de la compañía que al margen de poder cortar el suministro eléctrico a las personas implicadas, podrá imponerles multas que tripliquen la cantidad defraudada. Asimismo la administración pública se reserva el derecho de imponer sanciones a estos por "atentar contra la seguridad de los ciudadanos".

Estamos por tanto ante un fraude por conducta y además continuado por parte de estas personas que además tiene el agravante de resultar doloso ya que es obvio que los autores eran conscientes de la ilegalidad que estaban cometiendo. A todo ellos se le une e daño producido a terceros que empeora aún más su situación.